EL JUZGADOR BALTAZAR GARZON REAL

BALTASAR GARZóN, A JUICIO; “DEFENDERé MI INOCENCIA”, DICE…


Alejandro Gutiérrez

MADRID, 25 de marzo (apro).- El conocido magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, será sentado en el banquillo de la justicia española y sometido a juicio por el presunto delito de prevaricación, debido a que se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo.

La vía para que eso suceda quedó despejada este jueves con la resolución de la Sala Penal del Tribunal Supremo de España, que confirmó la decisión del magistrado Luciano Varela de no archivar la causa penal contra Garzón.

El máximo tribunal dio luz verde al rechazar el escrito de alegatos con las que el perseguidor de Augusto Pinochet y de los dictadores argentinos pedía se archivara el juicio emprendido en su contra.

El auto del máximo tribunal dice que en la resolución a la que recurrió Garzón “ni hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación”, por tanto la causa sigue vigente.

Desde Sevilla, el juez Garzón defendió su “inocencia absoluta” y la “regularidad” de su actuación en la investigación que abrió en relación con las desapariciones durante el franquismo, reportó la agencia de noticias Europa Press.

Garzón dijo que no teme sentarse “en el banquillo de los acusados”. Y más: “Aunque a muchos les gustaría ver esa imagen, me defenderé y demostraré la inocencia que siempre ha presidido mi actuación”, expresó a los reporteros, antes de ofrecer una conferencia.

El fallo del Tribunal Supremo (TS) rechazó el recurso de alegaciones que interpuso Baltasar Garzón contra el auto dictado en febrero pasado por el juez Varela.

En febrero, el magistrado del TS resolvió con base en la valoración del caso, que –según dijo– le “ha revelado, como hecho probable, que el magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo… sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar”.

Varela se refiere a la Ley de Amnistía promulgada por el parlamento en los años 70 y que ha sido el candado mediante el cual en este país se busca impedir cualquier iniciativa por juzgar los crímenes de la guerra civil (1936-38) y de la dictadura franquista (1938-75).

Organismos como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional han emitido posicionamientos pidiendo a España que entre al enjuiciamiento de estas causas. Y miles de familiares de desaparecidos en ese período exigen la búsqueda de los restos de sus familiares, para lo cual piden la apertura de las fosas clandestinas donde yacen sus restos, a lo largo y ancho de la geografía española.

Pero éste no fue el único revés que sufrió el juez Garzón el día de hoy, pues la justicia española ordenó la anulación de las escuchas telefónicas ordenadas por este magistrado en el llamado caso Gürtel sobre la corrupción en el entorno del Partido Popular (PP), el principal partido de la oposición.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló, por considerar ilegal, las escuchas telefónicas autorizadas por Garzón contra algunos imputados que están en prisión y sus abogados defensores, incluidas aquellas que mantuvieron dichos defensores, que también han sido acusados.

Esta resolución representó un duro revés para el entramado judicial del caso Gürtel, aunque diversas autoridades han señalado que el caso sigue vivo, debido a que existe información y pruebas documentales que prueban la implicación en la entrega ilícita de contratos y la posible financiación ilegal del PP.

A partir de este caso se derivó la segunda de tres de causas abierta contra Garzón por haber ordenado estas intervenciones telefónicas, permitidas por la justicia española para casos de delincuencia organizada y terrorismo, entre otras. Al magistrado se le acusa de prevaricación e intercepción ilegal de comunicaciones.

El mencionado tribunal consideró que las intervenciones son ilegales por vulnerar el derecho fundamental de defensa. Sin embargo, Garzón autorizó dichas escuchas de las conversaciones que Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, los principales imputados, mantuvieron en la prisión de Soto del Real con sus abogados.

El magistrado, por instrucciones de instancias judiciales, dejó de lado aquellas conversaciones donde se delineaba la estrategia de la defensa, pero consideró que existían otras conversaciones en las que se presumía una acción orquestada con los abogados para ocultar ciertas pruebas.

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