CALDERÓN "ES UN PELIGRO PARA MÉXICO". DESESPERADO, CONTRADICTORIO Y BIPOLAR. NECESARIO QUE REVISE SU ESTADO DE SALUD.

"Lunes 17 de enero 2011

• Calderón “es un peligro para México”

• Desesperado, contradictorio y bipolar

• Necesario que revise su estado de salud

La salud del presidente de la República es un asunto de seguridad nacional. Tan simple porque sus decisiones afectan, para bien o para mal, la vida de los mexicanos, y determinan las relaciones políticas, económicas y sociales con el mundo. Por eso el gabinete de seguridad nacional debería estar preocupado y alerta de lo ocurrido hace unos días a su jefe Felipe Calderón, quien ha llegado a un punto mental de negar dichos y hechos que antes repetía insistentemente, debido principalmente al miedo y la presión que siente por la amenaza del narcotráfico.

Se trata de esa declaración comentada ampliamente la semana pasada, en donde Calderón sostuvo en una entrevista pública que nunca había calificado como una “guerra” el combate que el gobierno federal sostiene en contra de la delincuencia organizada. De inmediato, los medios de comunicación desmintieron al presidente y lo exhibieron, con grabaciones de imagen y voz, cómo insistentemente desde que llegó a Los Pinos ha repetido una y otra vez que se trata de una “guerra” del Estado en contra de los cárteles de la droga.

Esta contradicción en el pensamiento del mandatario mexicano no es cosa menor y debe ser analizada por un cuerpo médico de especialistas, para determinar si su estado de salud físico y mental le permite todavía gobernar. Sobre todo porque en el tema de la delincuencia organizada y la violencia generada en todo el país, lo ha sometido a duras críticas y presiones por los más de 33 mil muertos en sus cuatro años de gobierno y más de 15 mil sólo en 2010.

Recordamos que hace algunos años, cuando arrancó su campaña a la Presidencia, Calderón se refirió al candidato opositor Andrés Manuel López Obrador como “un peligro para México”, y hace apenas unos meses, en una entrevista radiofónica, el mandatario argumento que el odio y la rabia social del excandidato presidencial había contaminado a un importante sector de la sociedad.

Ahora, desesperado, contradictorio y bipolar en su forma de gobernar, Calderón debería someterse a un tratamiento clínico para determinar si sus decisiones sobre el país son las mejores para los mexicanos, y aclarar si él se ha convertido en “un peligro para México”.

En Estados Unidos piensan lo mismo y están preocupados en ese mismo sentido. Así lo hizo saber la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien según las filtraciones de Wikileaks sobre México, la funcionaria solicitó en uno de los cables fechado en diciembre de 2009, se le informara cómo está afectando en la personalidad del presidente Felipe Calderón y en su forma de gobernar, las noticias adversas de la “guerra” contra el narcotráfico y la crisis económica. Son ellos ahora los que consideran que el mandatario mexicano puede ser un peligro para su seguridad nacional.

Un trastorno afectivo bipolar

Como referencia, en la enciclopedia de Wikipedia se explica que la enfermedad de trastorno afectivo bipolar (TAB), también conocido como trastorno bipolar y antiguamente como psicosis maníaco-depresiva, es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo caracterizado por la presencia de uno o más episodios con niveles anormalmente elevados de energía, cognición y del estado de ánimo.

Agrega que clínicamente se refleja en estados de manía o, en casos más leves, hipomanía junto con episodios concomitantes o alternantes de depresión, de tal manera que el afectado suele oscilar entre la alegría y la tristeza de una manera mucho más marcada que las personas que no padecen esta patología.

Por lo general, dice Wikipedia, tiene expresión por un desequilibrio electroquímico en los neurotransmisores cerebrales. Adicionalmente, debido a las características del trastorno bipolar, los individuos tienen más riesgo de mortalidad por accidentes y por causas naturales como las enfermedades cardiovasculares. A pesar de ser considerado un trastorno crónico y con una alta morbilidad y mortalidad, una atención integral que aborde todos los aspectos implicados: biológicos, psicológicos y sociales, puede conseguir la remisión total de las crisis, de ahí la gran importancia de que el diagnóstico del afectado sea correcto.

El elemento básico para el tratamiento del trastorno bipolar es la toma de conciencia del problema, su conocimiento por parte del afectado y sus allegados mediante una psicoeducación adecuada que les permita hacer frente a las crisis, sin temores infundados y con las herramientas más válidas; así como prevenir las recaídas.

La terapia farmacológica personalizada, especialmente durante las fases de desequilibrio, es otra de las claves. Benzodiazepinas, antipsicóticos y estabilizadores del ánimo son los fármacos más utilizados. Los patrones de cambios del estado de ánimo pueden ser cíclicos, comenzando a menudo con una manía que termina en una depresión profunda. En ocasiones pueden predominar los episodios maníacos o los depresivos. Algunos de estos trastornos se denominan ‘de ciclado rápido’, porque el estado de ánimo puede cambiar varias veces en un período muy breve de tiempo. Otras veces se presenta el llamado “estado mixto”, en el que los pensamientos depresivos pueden aparecer en un episodio de manía o viceversa.

Faltan todavía dos años para que el actual gabinete pase al retiro. Mucho tiempo si se considera que 2010 fue el peor año de violencia en esta “guerra” que ya no es “guerra” en contra del narcotráfico, y todo hacer pensar que 2011 y 2012 serán aún peores, pues el nivel de agresividad de bandas criminales para evitar su extinción se ha incrementando, tal y como ocurrió en Colombia en décadas pasadas.

Por eso es importante que todas las decisiones que tome en adelante Felipe Calderón sean las mejores y, sobre todo, se tomen con la mejor capacidad mental posible. Hasta hoy se ve a un presidente desesperado y angustiado que lo hacen contradictorio o bipolar al grado de negar lo que apenas hace unos meses afirmaba categórico.

Las decisiones de Calderón

Durante los cuatro años de gobierno, Calderón se ha encargado de magnificar internacionalmente la fortaleza de las bandas del narcotráfico en México, al señalar constantemente la confrontación que plantea el crimen organizado en contra del Estado. Con ello justifica la intromisión de las fuerzas armadas en la “guerra” contra los cárteles de la droga.

El mandatario, incluso, ha insistido ante medios internacionales (espero que ahora no niegue esas declaraciones) que se siente amenazado de muerte por los jefes de la mafia del narcotráfico. También eso ha sido motivo para incrementar su seguridad personal y la de toda su familia, ampliar los operativos de protección en su entorno y hasta construir un bunker en Los Pinos por si hiciera falta y alguien lograra penetrar esa fortaleza de seguridad en que ha convertido la residencia oficial de Los Pinos.

Escribíamos hace algunos años en esta columna, como en la década de 1980 los “narcólogos” colombianos, como se les dice en ese país a investigadores y estudiosos del tema del narcotráfico, actividad criminal que en los años 60 y 70 azotó terriblemente a ese país y convirtió a su población en víctima de discriminación y repudio en el mundo, señalaban con precisión que el crecimiento y la organización de las bandas en México convertirían a este país en el sustituto de Colombia en relación con el tráfico de drogas, en la violencia generada por esa actividad, y ello terminaría por confrontar a dichas bandas criminales con el Estado.

Tuvieron que pasar muchos años para que el gobierno mexicano aceptara esa realidad y la grave crisis que ahora enfrenta por el crecimiento exponencial del crimen organizado y los delitos de tráfico y consumo de estupefacientes. Todavía algunos funcionarios se niegan a aceptar que México se ha colombianizado, como una forma de calificar la brutal violencia que tenemos todos los días en las calles por la actividad del narcotráfico en el país.

Así, mientras México avanza peligrosamente por una callejón que parece no tener salida, a pesar del cuantioso gasto de recursos públicos dispuestos por el gobierno federal y el aumento de personal policial y militar que trata de contrarrestar la violencia y la operación de los cárteles de la droga mexicanos, Felipe Calderón hace declaraciones irresponsables que sólo atemorizan aún más a la población y motiva a los cárteles para continuar con su actividad criminal.

En entrevistas periodísticas Calderón se ha quejado de ser amenazado de muerte, junto con su familia, por bandas del narcotráfico, como una forma de explicar el grave problema que enfrenta México y como una razón fundamental de Estado para haber ordenado la extradición inmediata de peligrosos narcotraficantes mexicanos para ser juzgados y encarcelados en prisiones de alta seguridad en Estados Unidos.

Esto último, según declaraciones del mismo Calderón, porque el gobierno que preside no tiene la capacidad para dar seguridad a los mexicanos y al mismo tiempo mantener en prisión a peligrosos delincuentes que día a día amenazan la paz, el orden y la seguridad nacional.

En medio de esta crisis de ingobernabilidad que ha tomado índices alarmantes de violencia, los cárteles de la droga parecen estar dispuestos a confrontarse con el Estado, como ocurrió en Colombia hace 20 y 30 años, y de seguir México el guión de lo sucedido en ese país sudamericano, la violencia aumentará y con ello los crímenes y secuestros de políticos, legisladores y servidores públicos; bombazos en edificios públicos y en instalaciones de medios de comunicación que investiguen y denuncien a los jefes de esas bandas; ajusticiamientos callejeros, como ya ocurre en todo el país; mayor consumo de drogas, incremento del tráfico de estupefacientes y una bonanza económica principalmente en los sectores financieros por el incremento en los montos del “lavado” de dinero.

La ineficacia y la corrupción que envuelve desde hace muchos años a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública, han sido las razones por las cuales la Presidencia de la República ha dispuesto del Ejército Mexicano y de la Armada para combatir a las bandas criminales y tratar de erradicar la siembra y producción de drogas.

Sin embargo, las fuerzas armadas ni están preparadas para hacer de policías ni deben salir a las calles a perseguir delincuentes, pues su función, como lo establece la Constitución, es vigilar y proteger la soberanía nacional. Pero como esto se ha violado, ahora militares y marinos de alto rango están expuestos al poder corruptor del narcotráfico, como ya sucedió en años anteriores, cuando algunos generales colocados en cargos de ministerios públicos se coludieron con cárteles de la droga y corrompieron todo el aparato de justicia y dejaron vulnerable a las fuerzas armadas.

El ejemplo de Colombia

Cuando las principales bandas del narcotráfico se apoderaron de ese país y empezó para el pueblo colombiano una verdadera pesadilla de persecución, odio y reproche mundial, y de la cual aún no pueden salir ni tampoco olvidar, el Estado colombiano estuvo sumido en una parálisis que lo llevó a la descomposición social de la que ahora apenas empieza a reponerse.

En el caso mexicano, la comunidad internacional observa que las bandas del narcotráfico acumulan mayor poder y la violencia sigue en aumento, con la consecuente disminución de inversiones y turismo. Así la imagen de México se deteriora todos los días y convierte al país en el principal centro de la droga en el mundo, aunque para todos es sabido que ese primerísimo lugar lo ocupa Estados Unidos, principal zona de consumo de marihuana, cocaína y drogas químicas, amén de ser el principal centro de “lavado” de dinero mundial."

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"Lunes 10 de enero de 2011

Destituyen a director de la UIF

Investigaba fortuna de políticos

Las promesas de Félix Guerra

En los últimos días de diciembre comentamos en esta columna los motivos de Felipe Calderón para desaparecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ese órgano de seguridad nacional dependiente de la Secretaría de Hacienda y responsable de combatir el financiamiento al terrorismo, al crimen organizado y narcotráfico, lavado de dinero, fraudes empresariales y, en los últimos años, prevenir el ingreso de dinero sucio a campañas políticas y procesos electorales.

Decíamos que por lo menos es una extraña decisión del Ejecutivo en momentos en que están a punto de arrancar las campañas políticas para designar a autoridades locales en varios estados de la República y en congresos locales, así como en la antesala de la campaña presidencial para el 2012. Sobre todo porque los cárteles de la droga estarán my interesados en financiar candidatos a modo para controlar más territorios y más cuerpos policiales en todo el país.

A lo anterior hay que añadir la debilidad política de Calderón y las torpezas constantes de su gabinete panista, que los han hecho presa fácil del PRI y de sus dirigentes, de tal modo que desde el Congreso y desde las filas del partido priista se sugieren y exigen movimientos y cambios en entidades gubernamentales. Así la propuesta de desaparecer a la UIF proviene del líder del Senado de la República y del dirigente perredista en esa misma Cámara, a lo que Calderón ha accedido de inmediato.

Para documentar las funciones de la UIF, diremos que es el órgano de Hacienda encargado de investigar las fortunas de funcionarios y políticos corruptos, y que en sus archivos reúne miles de expedientes de servidores públicos, legisladores y militantes partidistas que se han enriquecido con dinero del erario federal y con negocios que realizan con el crimen organizado y cárteles de la droga. Con su desaparición, ¿qué pasará con esa valiosa información?

Explicamos también que sus funciones las asumirá una área de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la Procuraduría General de la República, y tentativamente se llamaría Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada.

La decisión de Calderón fue para atender las quejas de senadores, diputados, políticos y funcionarios que han sido investigados por la UIF y cuyos expedientes financieros han sido utilizados políticamente, es decir para ejercer presión en contra de algunos, otros han sido “perdonados” a pesar de haber pruebas contundentes en su contra, y los menos han sido procesados penalmente y están presos en cárceles de máxima seguridad, sobre todo aquellos que pertenecen a partidos opositores al gobierno panista.

En los archivos de la UIF hay información tan valiosa, que a un gobierno interesado en impartir justicia le sería fácil combatir la corrupción oficial, el abuso del poder, el tráfico de influencias, el enriquecimiento inexplicable de burócratas y el desvío de recursos del erario federal, sin embargo a Calderón no le preocupa ni le interesa y prefiere deshacerse de una área de inteligencia, molesto por las filtraciones que de allí han salido a la prensa y han puesto en evidencia su forma interesada y negligente de gobernar.

Pero esa propuesta de Calderón para desaparecer a la UIF sigue en proceso y mientras eso ocurre giró instrucciones al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, para remover de su puesto al actual director general de la UIF, Luis Urrutia Corral, con quien están enojados muchos políticos porque han sido investigados en sus fortunas y cuentas personales y familiares, sin importar que este funcionario sólo ha hecho su trabajo de investigación para lo cual fue contratado.

Otro problema con esta decisión es que toda la labor de inteligencia que descubrió a políticos y burócratas amasando enormes fortunas y cuyo origen se desconoce en muchos casos y en otros simplemente corresponden a fondos públicos, se fue al vacío y como se ha hecho costumbre en los gobiernos panistas, quedará en impunidad gubernamental.

El boletín de Hacienda informa que el secretario Cordero designó a José Alberto Balbuena como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en sustitución de Luis Urrutia Corral, y da algunos pormenores del nuevo nombramiento:

El 1 de enero de 2011 se hizo el relevo, por lo que Balbuena será el responsable de implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal. También, sobre actos que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, referentes a lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Según Cordero, confía que la amplia experiencia de Balbuena en los sectores público, financiero y académico le permitirán fortalecer la estrategia del gobierno federal en la lucha del Estado contra el crimen organizado. El funcionario se desempeñaba como representante de la Secretaría de Hacienda en Washington para asuntos contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; durante tres años fungió como enlace del gobierno mexicano con el Departamento del Tesoro y con varias agencias gubernamentales de Estados Unidos.

Además, es representante de México ante los Grupos de Acción Financiera Internacional, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica y el Grupo de Acción Financiera del Caribe; trabajó para la Procuraduría Fiscal de la Federación como director general de Asuntos Financieros, de Proyectos Normativos y de Legislación y Consulta; laboró en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la supervisión de bancos nacionales, extranjeros y grupos financieros.

El secretario de Hacienda reconoció la labor de Luis Urrutia Corral al frente de la UIF, en “tareas que procuraron preservar la integridad del sistema financiero mexicano”, por lo que consideró que su experiencia será relevante en los proyectos que encabezará en el Banco de México.

También reconoció que su trabajo fue fundamental para consolidar a la Unidad de Inteligencia Financiera de México, creada hace seis años para combatir el lavado de dinero producto de las actividades ilegales y evitar el financiamiento de grupos terroristas.

Promesas, promesas y más promesas

La semana pasada el secretario de Desarrollo Social, el sinaloense Heriberto Félix Guerra, visitó su tierra natal y se reunió con organizaciones civiles dedicadas a proyectos de beneficio social, sobre todo aquellas que apoyan el desarrollo de niños en alimentación, salud y educación. Al acto asistió el nuevo gobernador Mario López Valdez, y el alcalde Héctor Melesio Cuén Ojeda, por cierto este último sujeto a una investigación acusado de enriquecimiento con dinero público cuando fungió como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Allí el funcionario federal responsable en el gabinete de Felipe Calderón de combatir la desigualdad social, reconoció que son ya 20 millones de mexicanos en pobreza extrema y un dato alarmante, dijo, es que uno de cada cinco mexicanos padece hambre. Después vinieron las promesas y el anuncio de que en los dos años que le restan al gobierno federal panista se abolirá oficialmente en México la pobreza alimentaria.

Para quienes investigamos los problemas de injusticia, abuso de poder, corrupción y pobreza extrema, las promesas de Félix Guerra son sólo eso, pues nadie en su sano juicio va a creer que con las políticas actuales del gobierno de Calderón se busca mejorar las condiciones de vida de los más de 100 millones de mexicanos y, mucho menos, que aspiran a combatir la pobreza y abolir, como dice el funcionario federal, la falta de alimentos.

Hay muchas evidencias para asegurar que a este gobierno panista lo menos que le interesa es la justicia social y tampoco reducir la desigualdad. Lo mismo ocurrió con el anterior secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, ahora secretario de Hacienda y aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, quien los años que estuvo al frente de esa dependencia no pudo o no quiso hace algo para combatir la pobreza extrema.

Aun recuerdo aquel escenario monumental con impresionantes pantallas gigantes que lo hacían ver como un espectáculo de la pobreza y en donde se mostraba el derroche de recursos de dinero público, en donde Cordero reunía a los empresarios más ricos de este país para informarles que la cifra de pobres mexicanos se había elevado en los gobiernos panistas. Como si a los magnates del dinero eso les interesara, si no que le pregunten a Slim.

En aquel 2009 el entonces titular de la Sedesol hizo su aparición en medio de cifras que confirman a México como uno de los países más pobres del mundo, similar a las peores regiones de pobreza extrema en África. Esto es lo que debería preocupar al actual secretario Félix Guerra y por lo menos memorizar los nombres de las poblaciones más pobres de este país y darse una vuelta por allí y darse cuenta cómo los programas sociales financiados con dinero público nunca llegan a esas zonas.

Varios organismos multinacionales como Cepal, OCDE y Naciones Unidas han advertido sobre las estrategias fallidas del gobierno mexicano para disminuir la pobreza. Ahora el representante del gobierno panista tuvo que reconocer y aceptar que suman 20 millones de mexicanos en pobreza extrema, es decir que no tienen qué comer, dónde vivir, qué vestir, dónde estudiar y mucho menos centros de salud y medicinas para curarse de las muchas enfermedades que los invaden. Este panorama es peor de cuando Calderón asumió el poder, entonces porqué habríamos de creerle ahora a Felix Guerra de que en los dos años que restan a su gobierno terminarán con la pobreza alimentaria.

Hace dos años cuando Cordero dijo que los mexicanos en pobreza extrema habían aumentado de 14 millones a 20 millones de mexicanos, es decir uno de cada cinco mexicanos, se esperaba que el dramático anuncio, el mismo que ahora hace Félix Guerra, fuera acompañado de un plan urgente de emergencia nacional, en donde se involucrara algo así como el Plan DNIII que el gobierno instrumenta cuando hay un desastre nacional, o tal vez anunciar una campaña en donde participaran gobierno, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto, para contrarrestar este grave problema que le cuesta la vida a millones de personas.

Pero igual que siempre, los funcionarios sólo hacen promesas sobre cifras alarmantes, al fin y al cabo que dentro de dos años terminará su responsabilidad en esa función y para entonces nadie se acordará de lo que ahora ofrecen. Eso es un gobierno panista que aspira a permanecer seis años más en el poder.

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"Lunes 03 enero de 2011

Alarmante robo de combustibles

Llega a 50 mil millones de pesos

Expediente involucra a militares

Las 28 personas muertas, ocho de ellas de una misma familia, y otro tanto de heridas por la explosión causada en la zona de Puebla, debido a la fuga o robo de combustible ocurrida hace unos días en ductos de Petróleos Mexicanos, ha vuelto la atención a un viejo problema de robo de combustibles que se ha agudizado en los últimos dos sexenios panistas.

La presión es tal, que la misma empresa petrolera que dirige Juan José Suárez Coppel ha reanudado los comunicados de prensa para informar sobre los contantes robos de hidrocarburos y su incapacidad de para frenarlos o, por lo menos, reducirlos.

Por ejemplo, la semana pasada Pemex informó que elementos de seguridad de la empresa descubrieron cuatro tomas clandestinas en poliductos petroleros en los estados de Sinaloa, Veracruz y Guanajuato.

“En el ducto de 10 pulgadas Topolobampo-Guamuchil-Culiacán, se logró localizar dos tomas ilícitas de gasolina: la primera en el kilómetro 128 en el ejido Guamuchil Tultita, en el municipio de Salvador Alvarado, y la segunda a la altura del kilómetros 176, en las inmediaciones del poblado Pericos, municipio de Mocorito”.

Otra toma clandestina encontró en el poliducto de 12 pulgadas Minatitlán–México, a la altura del kilómetro 316, en el ejido Jalapilla, municipio de Rafael Delgado, Veracruz. De igual modo, descubrió otra toma ilegal en el kilómetro 173 del poliducto de 12 pulgadas Tula-Salamanca, en las cercanías de las comunidades de San Cristóbal y El Nacimiento, en Apaseo el Grande, Guanajuato. En este caso, se aseguró un auto tanque cargado con diesel.

En esta columna ya habíamos escrito cómo a finales del gobierno de Vicente Fox el problema del robo de combustibles a gran escala se había agudizado en Petróleos Mexicanos y en todos los casos la comisión del delito apuntaba a altos funcionarios de esa empresa petrolera coludidos con bandas delincuenciales.

Es tal el problema que en las investigaciones participan los órganos de seguridad nacional del Estado, como son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la misma Secretaría de la Defensa Nacional, en algo que se conoce popularmente como Inteligencia Militar.

Sin embargo, aún con la intervención de los tres principales centros de investigación nacional, desde el gobierno de Vicente Fox nada frenó la sustracción ilegal de gasolinas, por lo cual desde la Presidencia de la República se ordenó crear una unidad de inteligencia al interior de la paraestatal y responsabilizó para ello a la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, a cuyo encargo estaba en ese entonces Octavio Aguilar Valenzuela, hermano de aquel polémico vocero presidencial, Rubén Aguilar, lo que permitía a Fox mantenerse informado directamente, pues el presidente desconfiaba de los órganos de inteligencia del Ejército y de Gobernación, tal y como también le ocurre a Felipe Calderón.

Antes de dejar el puesto, Octavio Aguilar y su pequeña unidad de investigación lograron integrar varios archivos muy bien documentados, con nombres y apellidos de servidores públicos involucrados en el robo de combustibles, sus nexos con el crimen organizado y las regiones en todo el país en donde operaban las bandas delincuenciales.

Pero extrañamente aquellos expedientes muy bien integrados y que fueron entregados a Los Pinos, a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) desaparecieron, sin que nadie haya sido sancionado, procesado judicialmente o amonestado por ese grave delito de sustracción de documentos.

Por eso a nadie en el gobierno debe sorprender que el robo de combustibles en ductos de Pemex y el constante riesgo que ello implica para las poblaciones cercanas se haya incrementado, pues funcionarios gubernamentales son cómplices y ellos mismos bloquean las indagatorias.

En esos expedientes que ahora todos niegan su existencia, aparecen como presuntos involucrados los nombres de algunos integrantes del Ejército que muy bien organizados eran también los responsables de vigilar instalaciones petroleras, ductos, refinerías y centros de operación de la paraestatal petrolera.

Al iniciar hace cuatro años el gobierno de Felipe Calderón y ante la crisis de credibilidad que aún enfrenta, dispuso utilizar a las fuerzas armadas como policías locales de investigación y las responsabilizó de la seguridad pública, con la consigna fallida de combatir al crimen organizado, aunque en realidad lo que hace es protegerse a sí mismo y prevenir cualquier protesta social.

Este desgaste del Ejército y Marina hace imposible que este gobierno intente siquiera darle seguimiento a cualquier expediente que involucrara a algún miembro de las fuerzas armadas en el delito de robo de combustibles a Pemex, pues de por sí su credibilidad ha caído consistentemente.

Según cálculos de quien fuera director general de Pemex Refinación en el gobierno foxista, el panista Juan Bueno Torio, ese delito del desvío de gasolinas causa daños patrimoniales anuales por 12 mil millones de pesos; aunque especialistas y otros funcionarios de la paraestatal petrolera aseguran que el dato que da Bueno Torio es muy conservador, pues el robo de combustibles se estima en unos 50 mil millones de pesos cada año, sin que nadie en el gobierno panista de Calderón haga algo para evitarlo.

Las últimas pruebas sólidas en contra de militares que se amafiaron con la delincuencia organizada o crearon sus propias redes delincuenciales coludidos con funcionarios de la petrolera, se encontraron en la administración de Vicente Fox Quesada.

Más aún, hay datos precisos de que en 2004 fueron desmanteladas al menos 10 bandas en las que participaban militares encargados del resguardo y protección de instalaciones petroleras, cuando el director corporativo de Administración era Aguilar Valenzuela, el único exfuncionario que fue exonerado totalmente del segundo Pemexgate.

No obstante, las evidencias han sido desaparecidas por Pemex, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la SFP y por la Policía Federal Preventiva. Y es que en el panismo las fuerzas armadas se han vuelto intocables por ser el principal instrumento de poder del gobierno de Felipe Calderón, quien ha militarizado el país para hacer su “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Una vez más se demuestra que los dos grandes problemas de México son la corrupción y la complicidad gubernamental, pues parece que nadie juzgará estos graves actos bien documentados por personal de Petróleos Mexicanos. Y una muestra de esa impunidad lo oficializa el área de la Dirección General de Comunicación Social de Pemex, según la cual en los informes de la empresa petrolera “en la historia de los ilícitos reportados por personal de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física nunca se ha visto involucrado personal militar y no se tiene conocimiento de que el Ministerio Público haya señalado a personal militar en sus investigaciones”.

Lo que omite la paraestatal es que los expedientes existen en la Dirección Corporativa de Administración y que los casos con nombres y apellidos fueron informados no sólo a las autoridades competentes (Sedena, SFP y PGR), sino también a la Dirección Corporativa de Administración, en donde conocen a detalle quiénes son los responsables del robo combustibles.

Un ejemplo es una acta de entrega–recepción, signada el 17 de enero de 2005 por Villarreal Dávila y su antecesor Aguilar Valenzuela, que obliga al titular de Administración a dar seguimiento y atención a los hechos. El acta contiene, entre otras cosas, el anexo10, en donde se detalla el “estado que guardan 33 observaciones pendientes de atender”.

Las complicidades gubernamentales

Los expedientes generados por la Dirección Corporativa de Administración dan cuenta de redes completas en las que, además de militares, participan trabajadores sindicalizados y de confianza de Pemex, de bajo, mediano y alto nivel.

Funcionarios de la paraestatal que piden omitir sus nombres por miedo a represalias, explican que esto no se da a conocer a la sociedad porque no es conveniente, se trata supuestamente de asuntos de seguridad nacional y, además, hay gente del Ejército y de Petróleos Mexicanos involucrada.

Por ello, indican, todos los informes han sido clasificados como confidenciales por instrucciones del Órgano Interno de Control en Pemex y de algunos servidores públicos encargados de dar seguimiento a los casos.

Al anexo 10 del acta de entrega–recepción de Aguilar Valenzuela, por ejemplo, se le han censurado 65 líneas sin explicación justificada, por lo que se cree que es allí en donde se involucra a los militares.

De acuerdo con los funcionarios consultados, son las complicidades las que posibilitan el robo de combustibles, pues en la actualidad Pemex cuenta con equipos altamente sofisticados que pueden identificar en dónde hay robo de combustibles por baja de presión: rápidamente se puede saber dónde hay un problema, pero es lógico que sólo miembros del Ejército que tienen a su cargo la vigilancia de los ductos y las estaciones, así como algunos trabajadores petroleros son quienes intervienen en este ordeñar de ductos. Dicen que la detección se complica cuando la cantidad que se sustrae es mínima, porque el monitoreo se basa en la presión de las líneas.

Se trata del centro de control de ductos que está en la torre de Pemex, ubicada en Marina Nacional. Ahí se le da seguimiento no sólo a la presión de los oleoductos y gasoductos, sino también a los camiones de Pemex, cuyo monitoreo es por GPS. Respecto de las zonas más vulnerables para el robo de combustibles, sobresale el sur del país: Tabasco, Campeche, Veracruz, aunque prácticamente esto ocurre en todo el país.

Sin estándares de seguridad

Los funcionarios petroleros que proporcionaron la información aseguran que el robo de combustibles es una pequeña parte de la amenaza para la petrolera mexicana: refieren que el máximo problema es que los estándares de seguridad en las instalaciones estratégicas, como Cantarell, sobre todo relativas a cuestiones antiterroristas, son muy débiles.

Pemex gasta muy pocos recursos en resguardar sus instalaciones y lo poco que invierte lo destina a la Sedena, dicen. Un ejemplo de la vulnerabilidad fueron los bombazos del Ejército Popular Revolucionario, ocurridos en julio de 2007. Un atentado a las instalaciones estratégicas puede ser muy peligroso, porque Pemex no está preparado para enfrentarlo, detallan.

Explican que la falta de estándares de seguridad también ha posibilitado que a lo largo de los 20 mil kilómetros de oleoductos y gasoductos que posee la paraestatal se asienten comunidades enteras. Se trata de lugares sumamente riesgosos, como Salamanca, Guanajuato, donde el centro de la ciudad es una refinería; y Tula, Hidalgo, donde las casas están más cerca de las instalaciones petroleras que en el caso de San Juan Ixhuatepec, Estado de México, en donde aún se recuerdan los estragos de aquella explosión que causó muchas víctimas.

En uno de sus recientes comunicados, la Dirección de Comunicación Social de Pemex dice sobre la última explosión ocasionada por el derrame de combustible que para estas acciones se cuenta con el apoyo de autoridades federales y estatales. Personal técnico especializado del Sector Ductos de Pemex Refinación realizará los trabajos necesarios para la reparación de los ductos afectados, mediante la colocación de grapas mecánicas, mientras que el área jurídica de Petróleos Mexicanos denunció los hechos ante el Ministerio Público Federal, con la finalidad de que se inicien las averiguaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades.

Y desesperada, a fin de recibir denuncias anónimas sobre el robo de combustibles, Pemex pone a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 01 800 228 96 60.

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"Lunes 27 de diciembre de 2010

*Privatizan créditos a contratistas de PEMEX y CFE

*Hijo de Francisco Gil Díaz, al frente de la operación

*Navix, el nuevo prestamista del sector energético.

Los contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) son el principal objetivo de muchos grupos de poder dentro y fuera del país porque concentran la mayor parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para obra pública.

En México, el Grupo Carso de Carlos Slim, a través de la constructora IDEAL, así como el grupo ICA han buscado mantener su lugar y participación en el mercado de los contratistas del sector de la energía aunque la competencia de multinacionales ha sido constante y depredadora para muchas compañías mexicanas.

Han desaparecido, de hecho, empresas como Bufete Industrial. Los contratos de PEMEX y CFE también han sido motivo de ambición y luchas internas de grupos ligados con influyentes políticos.

Se trata de un gran tesoro con un flujo constante y seguro que se administra de manera independiente a lo que suceda con la economía del país. PEMEX, por ejemplo, planea invertir un promedio anual de 369,000 millones de pesos durante los próximos nueve años y será entre 2012 y 2014 cuando se registren los niveles más altos de ese flujo de recursos.

Además, los contratistas de PEMEX aún esperan las inversiones por 8,000 millones de dólares para la refinería que se localizaría en Tula, Hidalgo. No sólo eso, las modificaciones a la legislación de la industria petrolera permitirán que PEMEX aplicara esquemas más flexibles y eficientes para la contratación de servicios a través de licitaciones públicas. Así, se esperan millonarios contratos para Chicontepec y las aguas profundas del Golfo de México. Sin embargo, la corrupción y la falta de transparencia han caracterizado, en muchos casos, el ejercicio de estos recursos y esa situación promete no cambiar.

Hasta ahora, sin embargo, no se había formalizado la participación privada en el financiamiento del mercado de contratistas del sector petrolero. Ese es otro gran negocio que hace a muchos frotarse las manos.

La banca comercial, al menos los seis principales bancos del sistema, habían concentrado la mayor parte de los créditos que necesitan los contratistas de PEMEX y CFE para cumplir los compromisos con estas paraestatales.

En medio de este escenario, surge la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), Navix, que siendo un intermediario no regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), participa en el mercado del financiamiento de contratistas de PEMEX con más de 60 millones de pesos y que hace unos días obtuvo de las AFORES, de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos, al menos 4,000 millones de pesos.

El nombre de Navix y de los fondos internacionales que la acompañan en la operación que se cerró a través de la Bolsa Mexicana de Valores pasaría prácticamente desapercibido si entre sus directivos y fundadores no figurara el nombre Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el funcionario que, desde la SHCP, impulsó, casualmente, la aprobación de la figura de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) – que después se convirtieron en SOFOMES – con el objetivo de impulsar los créditos para el sector productivo ante las restricciones que aún enfrentaba la banca múltiple en sus políticas de financiamiento. Las SOFOMES han surgido como hongos bajo la lluvia y las señales de alerta comienzan a encenderse ante problemas de cartera vencida. En Navix, además, participa como socio minoritario Citigroup, que controla Banamex y que, en teoría, debería otorgar créditos al sector petrolero de forma directa.

Pero volviendo al caso de las SOFOMES, el propio ex gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, ha encendido la alarma sobre la presencia de actividades vinculadas con el lavado de dinero que utilizan estos intermediarios no regulados.
La cartera vencida de estas entidades también preocupa a las autoridades porque han encontrado en los créditos con descuento a nómina de gobiernos municipales y estatales un negocio seguro pero con escasos controles de riesgo. Allí está el caso de los problemas que enfrentaron varias SOFOMEX que otorgaron créditos al gobierno del Distrito Federal y que, ante los retrasos en las participaciones federales, enfrentaron problemas para cobrar los préstamos otorgados.

Fideicomiso, el sello de Gil

Por eso llama la atención que Gonzalo Gil White, socio de Navix y quien en su currículo destaca su experiencia en Goldman Sachs así como en Equity Group Investments, la compañía de inversión del financiero Sam Zell, haya decidido participar en el mercado de créditos para el sector petrolero a través de una SOFOM.

Él mismo reconoció ante la prensa que esta figura permite una mayor flexibilidad frente a las políticas tradicionales de la banca. Pero, además del sello de Gil Díaz en la figura que escogió la intermediaria y fondo de su hijo para participar en el sector petrolero destaca otra coincidencia: la creación de un fideicomiso como el elemento central de la operación, se trata del Fondo Inversión en el Sector Energético (FISE), en el cual, para otorgar créditos a los contratistas de PEMEX y CFE, deben depositar derechos de tesorería que garanticen el cobro y el seguimiento de las inversiones. El equipo de Gil White tendrá derechos de tesorería para vigilar que se cumpla el contrato comprometido y que se apliquen de forma efectiva los préstamos otorgados.

La estructura de un fideicomiso permite a Navix adquirir derechos sobre los recursos obtenidos vía el mercado de valores pero también diseñar reglas convenientes para no enfrentar mayores responsabilidades en caso de incumplimiento de los contratistas. Una de las advertencias que se hace a los inversionistas – los trabajadores cuyas SIEFORES decidieron invertir en Navix – es que, en caso de problemas o retrasos en los contratos con PEMEX o CFE, no se pagarán intereses moratorios.

El llamado FISE, en sus documentos públicos enviados a los inversionistas del mercado de valores, asegura que busca optimizar la relación riesgo-rendimiento en inversiones con proyectos en el sector energético. El esquema que Navix ha diseñado permite – de acuerdo con la promesa hecha a los inversionistas – hacer más eficiente el impacto fiscal, brindar transparencia respecto de la utilización de recursos y reducir las pérdidas potenciales mediante la captura de la utilidad esperada del proyecto.

No sólo eso, durante el periodo de revolvencia, FISE advierte que, una vez que cuente con un portafolio de créditos cedidos por los contratistas lo bastante robusto, con financiamientos cuya amortización se encuentre entre 9 y 60 meses, podrá bursatilizar la totalidad o parte del portafolio de créditos cedidos con el objeto de buscar incrementar los rendimientos del vehículo. Navix promete en el largo plazo – más de 20 años – un rendimiento mínimo de 16 por ciento mientras otros fondos de inversión prometen al menos 25 por ciento con un riesgo mucho menor.

Además, hasta ahora este tipo de operaciones estructuradas – incluyendo procesos de bursatilización – no son muy comunes en el mercado mexicano y vigilar el riesgo, para velar por los recursos de los trabajadores depositados en sus pensiones, podría representar una operación altamente riesgosa.

En la aventura de Gonzalo Gil White, lo acompañan Carlos E. Williamson, director ejecutivo de Originación de Navix, quien trabajó en Videovisa, Coronado, Televicentro así como José Antonio Cañedo, quien fue director de Banco de Inversión de Nafin.

Navix presume también su red de clientes y contactos desarrollados por su equipo durante los últimos ocho años, lo que le permitirá generar un flujo constante de prospectos y transacciones. Adicionalmente, dice, ha implementado un sistema de identificación dentro del cual se encuentra la construcción de una base de datos de compañías que participan activamente en licitaciones de PEMEX y CFE. Su objetivo son contratos por al menos 6,000 millones de pesos.

¿De dónde viene Navix?

La historia que públicamente da a conocer Navix se remonta a septiembre de 2007 con la alianza entre Axis Capital Management (AXIS), Eton Park Capital Management y Stara Investments. AXIS es una firma de inversión privada fundada en 1990 especializada en inversiones de capital de riesgos y en el diseño y ejecución de estrategias financieras de alta complejidad con más de 10,000 millones de dólares en operaciones completadas.

En 2002, AXIS identificó que a pesar de la estabilización de la economía mexicana y la creciente penetración del sistema financiero, existía una importante brecha entre la oferta y la demanda por financiamiento en México, particularmente para las empresas pequeñas y medianas, donde la mayor parte del financiamiento provenía de fuentes no bancarias, principalmente proveedores.

Por ello, AXIS decidió involucrarse de manera más activa, en calidad de agente, en el diseño de financiamientos estructurados que eran fondeados de manera independiente a través de la red de relaciones con diversos fondos e instituciones, principalmente internacionales, que el equipo de AXIS fue construyendo a lo largo de los años.

Fue en 2005, dice Navix en el prospecto de colocación, en respuesta la creciente demanda, principalmente de compañías en la industria petrolera que requerían de mayor agilidad en la ejecución de financiamientos, que AXIS constituyó una serie de vehículos especializados con recursos de inversionistas privados, nacionales y extranjeros que le permitieron canalizar recursos a esta industria de manera sistemática, conforme a los cuales no sólo era responsable de la originación y estructuración de los financiamientos sino también de la administración y monitoreo de los mismos.

AXIS obtuvo compromisos de fondeo por aproximadamente 475 millones de dólares que se han utilizado para financiar más de 570 millones de dólares en proyectos dentro de la industria petrolera logrando además que ninguno de ellos, a la fecha, ha presentado quebranto.

En 2007 AXIS decidió canalizar todas sus operaciones de financiamiento estructurado a través de una compañía independiente que tuviera una base sólida de capitalización creando así a Navix que se asoció con Eton Park Capital Managemente, que administra inversiones por 14,000 millones de dólares.

Después se incorporó Stara Investments, un fondo basado en Winsconsin con 17 años de experiencia y 10,000 millones de dólares en activos bajo manejo.

A mediados de 2008 y a pesar de la crisis por la que atravesaban la mayor parte de las instituciones financieras en el mundo, Navix logró firmar un programa de cofinanciamiento con Citigroup por 250 millones de dólares, el cual continúa operando exitosamente. A raíz de esta operación Citigroup decidió adquirir una participación minoritaria y pasiva en el capital de Navix. Al 15 de octubre de 2010, Navix ha participado en más de 45 proyectos en el sector energético los cuales tienen en promedio un valor de 62 millones de pesos. Las oficinas de Navix están ubicadas en Poza Rica, Veracruz, Villahermosa, Tabasco, Monterrey, Guadalajara, Puebla. Sin embargo, más allá del discurso corporativo, al interior de PEMEX observan con interés la amistad de Francisco Gil Díaz con el director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel.

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"Lunes 20 de diciembre de 2010

Calderón ordena desaparecer la UIF

Investigaban a los políticos corruptos

Miles de expedientes serán destruidos

Como regalo de fin de año para millones de mexicanos, Felipe Calderón prepara la desaparición de la Unidad de Inteligencia Financiera(UIF), el único órgano de la Secretaría de Hacienda encargado de investigar las fortunas de funcionario y políticos corruptos, y en sus archivos reúne miles de expedientes de servidores públicos, legisladores y militantes de partidos políticos que se han enriquecido con dinero público y con negocios que realizan con el crimen organizado y cárteles de la droga.

Incómoda para políticos, legisladores, burócratas, lavadores de dinero y defraudadores financieros, la UIF de la Secretaría de Hacienda desaparecerá por presiones políticas y sus funciones las asumirá una área de la cuestionada Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la Procuraduría General de la República, y tentativamente se llamaría Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada.

El gobierno de Felipe Calderón tomó tal determinación ante la quejas de senadores, diputados, políticos y funcionarios que han sido investigados por la UIF y cuyos expedientes financieros han sido utilizados políticamente, es decir para ejercer presión en contra de algunos, otros han sido “perdonados” y sus expedientes archivados a pesar de haber pruebas contundentes en su contra, y los menos han sido procesados penalmente y están presos en cárceles de máxima seguridad, sobre todo aquellos que pertenecen a partidos opositores al del gobierno panista.

En los archivos de la UIF hay información tan valiosa, que a un gobierno interesado en impartir justicia le sería fácil combatir la corrupción oficial, el abuso del poder, el tráfico de influencias, el enriquecimiento inexplicable de burócratas y el desvío de recursos del erario federal, sin embargo a Calderón no le preocupa ni le interesa y prefiere deshacerse de una área de inteligencia molesto por las filtraciones que de allí han salido y han puesto en evidencia su forma interesada de gobernar.

Entre las irregularidades encontradas en esos expedientes destacan cuantiosos depósitos y retiros en efectivo de prominentes políticos, legisladores y militantes de todos los partidos políticos; transferencias millonarias a instituciones extranjeras sin que se conozca el origen del dinero; evasión del pago de impuestos; blanqueo de capitales producto del narcotráfico y crimen organizado, entre otros muchos delitos.

Por eso Felipe Calderón, un presidente sin credibilidad y debilitado políticamente, a quien critican lo mismo miembros de su gabinete que sus correligionarios panistas, cedió a las presiones legislativas para eliminar ese órgano de inteligencia y desaparecer sus funciones que hasta ahora desempeñaba desde las oficinas de la Secretaría de Hacienda, para darle más juego a una corrupta Procuraduría General de la República fácilmente manipulable y que no hará nada sin su consentimiento, como ocultar y desaparecer cualquier evidencia que pueda poner en riesgo a su equipo de gobierno.

Cede Calderón ante Manlio Fabio

Nos enteramos la semana pasada por la reportera Leticia Robles de El Universal, en una pequeña nota perdida en páginas interiores del diario, que la petición de eliminar la UIF de la Secretaría de Hacienda habría provenido de senadores del PRI y el PRD, ante lo cual el gobierno de Calderón de inmediato se aplicó para atender la queja de los legisladores y enviar una propuesta al Congreso.

El trabajo de la reportera explica que la UIF sería eliminada y sus funciones, a medio gas, serían ahora asumidas por una unidad creada en la SIEDO: “auxiliará directamente a la unidad especializada encargada de la persecución e investigación de los delitos (…) contará con oficiales ministeriales y personal especializado en las materias relacionadas con el objeto de la presente ley y estará adscrita a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada”, señala el documento.

El líder del Senado, el priista Manlio Fabio Beltrones y a quien la UIF también le abrió un expediente en busca de dinero mal habido, de inmediato se pronunció al respecto y dijo que la bancada priista “está buscando que nos garanticen que esta será una fiscalía especial que se encargue del combate a la corrupción y que dentro de la misma existan las facultades para abatir el lavado de dinero”.

Antes de su extinción, la UIF logró reunir cientos de expedientes de políticos clasificados como “Personas Políticamente Expuestas”, que no es otra cosa más que evitar que en las campañas políticas se utilice dinero sucio proveniente del narcotráfico y otros delitos cometidos por la delincuencia organizada.
Ahora el gobierno federal deja de lado la investigación financiera en contra de aspirantes de todos los partidos políticos a puestos de elección popular, en momentos en que las campañas electorales empiezan a tomar fuerza para culminar en 2011 y 2012 cuando se designe presidente de la República.

En esta columna hemos dado cuenta de algunos de esos expedientes financieros confidenciales y en donde aparecen militantes de las principales fuerzas políticas (PRI, PAN, PRD y PT) que no han podido comprobar el origen de sus fortunas y el movimiento de dinero en efectivo en sus cuentas bancarias personales y de familiares.

Porqué entonces ha Calderón se le ocurre –en su tercer y último periodo de gobierno– que la UIF es un órgano de inteligencia inservible que debe desaparecer en Hacienda y propone la creación de otro que esté controlado por la corrupta Procuraduría General de la República.

La UIF

Dicha UIF fue creada como un órgano de seguridad nacional responsable de combatir el financiamiento al terrorismo, al crimen organizado y narcotráfico, lavado de dinero, fraudes empresariales y, en los últimos años, prevenir el ingreso de dinero sucio a campañas políticas y procesos electorales.

En el portal de la propia Secretaría de Hacienda explica que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004, el gobierno mexicano constituyó la Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda “como una instancia central nacional para la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones y otra información financiera que puede ser útil para detectar operaciones posiblemente relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo (LD/FT)”.

Las principales tareas de la UIF consisten en instrumentar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código, referentes a LD/FT.

El objetivo de estas tareas es evitar que el sistema financiero mexicano sea utilizado en la realización de actos u operaciones vinculados con dichos delitos, con lo que se procura preservar su integridad y, por ende, la de la economía nacional.

En esa Unidad se reúnen expertos en la lucha contra el lavado de dinero, financieros, contadores, abogados y especialistas en seguir las huellas del dinero sucio, pero su futuro será incierto porque simplemente podrían ser despedidos.
Sin intereses políticos, estos técnicos sólo hacen su trabajo de investigación y de acumulación de pruebas para que desde Los Pinos decidan a quién se acusa penalmente, a quien se chantajea políticamente y a quien se le perdona el uso de millones de pesos producto del crimen organizado.

Godoy sí, Patrón Laviada no

Sin fuero de por medio, el exdiputado Julio César Godoy, hermano del gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy, es ya buscado por la Interpol en todo el mundo bajo los cargos de vínculos con el narcotráfico, delito que según las grabaciones filtradas de la PGR no dan lugar a duda y por ello se ha desatado una feroz persecución para llevarlo ante la justicia, sobre todo porque se trata de un militante de oposición al gobierno federal panista, esa es la justicia que sí le gusta practicar a Calderón, siempre y cuando no se trate de miembros de su gabinete que cometen corruptelas o militantes del PAN que violen la ley.

Escribía hace unas semanas que si hubiera justicia en México, los últimos tres procuradores generales de la República, todos de extracción panista, deberían ser procesados penalmente por encubrimiento, complicidad, negligencia y omisión ante delitos cometidos por el crimen organizado.

La razón es la discrecional forma de impartir justicia. En los últimos meses de la administración federal del malogrado Vicente Fox, el entonces procurador general Daniel Cabeza de Vaca Hernández recibió una denuncia penal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contra de varios miembros de la familia yucateca Patron Laviada, incluido el actual procurador federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, por los delitos de vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y desvío de recursos públicos cuando este último se desempeñó como gobernador de Yucatán.

A pesar de la contundencia de las pruebas aportadas por la UIF, como cuentas bancarias en donde se acumulan millonarios depósitos, en pesos y en dólares, presuntamente procedentes del tráfico de drogas, la PGR se negó a iniciar la averiguación previa correspondiente y le heredó el problema al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a quien lo menos que le preocupa es que se haga justicia y utiliza los órganos judiciales y de inteligencia para revanchas personales y ajuste de cuentas en contra de quienes piensan distinto a él.

Hace unas semanas el procurador Chávez Chávez se comprometió en el Congreso a iniciar una averiguación previa en contra de Patrón Laviada por vínculos con cárteles de la droga, pero hasta el momento eso no ocurre y en cambio persigue hasta en la misma Cámara de Diputados a un legislador perredista relacionado con el cártel apodado La Familia. Justicia a secas contra la oposición e impunidad al gabinete y a los panistas."

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"Lunes 13 de diciembre de 2010

Fallas contra lavado de dinero

Proliferan centros de apuestas

Los reality shows de la PGR

Los muertos se acumulan en las calles, los secuestros invaden todo el territorio nacional (incluído el pueblo de Tlalpan al sur de la ciudad de México), las carreteras se han vuelto inseguras y muchas ciudades parecen pueblos fantasma porque sus habitantes han huido aterrorizados por los enfrentamientos entre militares y marinos contra narcotraficantes. A pesar de ello, el gobierno federal anuncia que su “guerra” contra el crimen organizado sigue adelante, mientras que Felipe Calderón y su familia se refugian en el bunker de Los Pinos protegidos por miles de soldados del Estado Mayor Presidencial.En México todos sabemos que el problema es generado por Estados Unidos y el enorme consumo de drogas entre su población; sin embargo, el gobierno de ese país ha decidido que la batalla se libre en territorio mexicano para evitar que la violencia cruce la frontera y ponga en riesgo a los estadounidenses.

Con más de 30 mil muertos en México, aparece el combate al lavado de dinero como la única forma de frenar a los cárteles de la droga y quitarles el financiamiento que ahora los hace invensibles y con capacidad de corromper a cualquier político, policía, militar o ciudadano común. Esto también lo sabe el gobierno de Calderón, pero al respecto no hace nada y permite que miles de millones de dólares circulen libremente por instituciones financieras y empresas.

Así el blanqueo de capitales está presente en la economía con la anuenecia del gobierno panista y una manifestación de ello es la presencia de negocios ilegales vinculados con el juego y las apuestas, en donde mucho dinero proveniente del tráfico de drogas llega a los casinos y de allí sale tan limpio que nadie dudaría que está vendecido.

Empresarios de este sector han denunciado ante la secretarías de Gobernación y de Hacienda el crecimiento del juego ilegal. Hay indicios – aseguran – de la participación de recursos de procedencia ilícita en las salas de juego ilegales, que operan fundamentalmente en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Sin embargo, la respuesta de las autoridades no se ha presentado. Además, se les aplica las reglas para combatir el lavado de dinero diseñadas para el sector financiero a pesar de las diferencias evidentes de su actividad. La vigilancia y la regulación para evitar el dinero sucio en los circuitos de las casas de apuesta simplemente no existe.

Las 40 recomendaciones creadas por los organismos anti lavado en México y en organismos multilaterales fueron formuladas para proteger al sistema bancario del lavado de dinero, pero ignoran las características de actividades no financieras. Por ello, los reportes sistemáticos y las reglas efectivas han resultado poco útiles y las áreas de análisis de dependencias como la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República se están saturando de información que no les permite ver en donde se encuentra el verdadero problema.

Así, el análisis sobre operaciones resulta irrelevante, pues el promedio de apuesta por cliente en México es de 600 pesos. Hasta ahora México, sin embargo, ha decidido no seguir la guía de enfoque basado en riesgo para el sector de casinos creada por organismos multilaterales. Además, incumple la recomendación de la GAFI, que insisten en poner los controles sólo donde se necesitan. Como también sucede en la banca, seguir las operaciones sospechosas es más eficiente.

Una regulación especial

En las salas de juegos y apuestas el movimiento de efectivo y la operación está muy alejado del escenario que predomina en el sector bancario. En la sala de juego, por ejemplo, no puede conocer al cliente, porque en muchos casos sus visitas son esporádicas, mientras que en los bancos se persigue a trabajadores por ahorrar ahí sus ingresos.

Los empresarios de esta industria argumentan que un interrogatorio directo pondría en peligro la relación “a nadie le preguntan de donde ha sacado el dinero para pagar una cena”, dicen. Esta situación provocaría mayor migración a las salas ilegales y se agudizarían el ingreso de dinero sucio a esos centros de apuestas.

Aceptan, como si fuera una concesión, validar la información que les proporciona el cliente, pero reconocen que tienen muy pocas herramientas para conocerlo. Para ellos el lavado de dinero que se puede realizar en este negocio sólo podría presentarse si el dueño de la empresa está relacionando con actividades ilícitas.

La conclusión evidente es que resultaría muy caro para la sala, si ésta tiene que pagar el impuesto correspondiente, usar la actividad para lavar. Con esta afirmación, las empresas establecidas parecen lanzar una acusación directa sobre los establecimientos que en las zonas fronterizas están surgiendo como hongos. La alerta, sin embargo, debe encenderse en todas las áreas.

Aseguran que usar casinos legales como mecanismo de lavado es escaso y que hacerlo a través de terminales de juego, lo es aún más. El propio GAFI, a través del Grupo Pacífico, emitió un informe de tipología en el que sólo pueden encontrarse dos ejemplos relacionados con máquinas de azar: uno conllevaba la modificación y alteración del software de la máquina para que otorgara premios de forma controlada. Esto se evita, dicen los empresarios de este sector, “certificando” los equipos.

El otro implicaba el uso de “efectivo” en cada una de las terminales (“en las salas de nuestros asociados no sucede”). Si bien es cierto que no puede aplicarse al sector del juego las mismas herramientas o protocolos de detección que para las entidades financieras resulta relevante, en un país amenazado por el narcotráfico, acelerar la vigilancia en este sector.

En México el 90 por ciento de la actividad en las salas de juego se realiza en las terminales de juego. Un estudio conducido por el Grupo de Acción Pacifico en colaboración con GAFI demostró la total ausencia de casos relacionados directamente con máquinas de azar.

Sin embargo, los expertos en este sector advierten la importancia de revisar y adecuar los “sujetos obligados” en materia de juegos y sorteos para incluir como sujetos obligados las múltiples casas de juego sin permiso de Gobernación que operan a través de “amparos”.

También se debe excluir múltiples tipos de juegos y sorteos distintos a las casas de juego que son de bajo nivel de riesgo, tales como: rifas y loterías organizadas por instituciones de asistencia privada y educativa, sorteos promocionales realizados por distintas empresas o concursos y sorteos realizados por radio y televisión u otros medios masivos de comunicación.

En el caso de juegos y sorteos operados por Lotería Nacional, Pronósticos para la Asistencia Pública, Multijuegos, Sorteo Tec y otros similares, únicamente deberían de quedar obligados a reportar los ganadores de premios mayores. En todos los demás casos el enfoque debería ser el recomendado por GAFI desde el año 2007, basado en riesgo, y no en reglas.

El pago de los premios mayores a 100 mil pesos debe ser en documento y con plena identificación del ganador. En la actualidad no sucede así, lo que parece una evidente omisión frente a las reglas dadas a conocer por la Secretaría de Hacienda.

En conclusión, el país necesita evitar a toda costa el juego ilegal y la participación de personas o empresas de dudosa solvencia moral en esta actividad. Hasta ahora, los permisionarios están imposibilitados de “conocer” a sus clientes. Solo pueden solicitarles su identificación y no podrían validarla.

Pero las autoridades quieren más cooperación de este sector sin contar con las reglas claras por lo que los empresarios de esta actividad argumentan que imponer a los propietarios, directivos y trabajadores de las empresas permisionarias, la obligación de convertirse en investigadores y delatores de los criminales, es injusto y pondría en riesgo su integridad física y moral.

De hecho, por seguridad de los empleados y clientes de los permisionarios, en múltiples ocasiones será imposible para los pemisionarios negar el servicio a un cliente que no se quiera identificar y proporcionar su información.

Se espera ya la elaboración y entrada en vigor del reglamento de esta Ley y será un tema que debe cuidarse minuciosamente para evitar que el lavado de dinero siga penetrando esta actividad.

El reality show de PGR

En una entrevista Isabel Miranda de Wallace lamentó que miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, responsables de custodiar a uno de los secuestradores y asesinos de su hijo Hugo Alberto Wallace “confraternizaran” con el delincuente al grado de llegar a bromear con él. Un día antes, los medios de comunicación difundieron imágenes de la búsqueda de los restos de Hugo Alberto Wallace como si fuera el final de un siniestro reality show en el que se buscaba demostrar la efectividad de las acciones judiciales y policiales de las organizaciones responsables.

El asesino del hijo de Isabel Wallace declaró ante los medios de comunicación cómo se planeó y perpetró el delito. Jacobo Tagle fue juzgado y sentenciado ante las cámaras de televisión. Nadie dudaría de su culpabilidad, pero es un hecho que las autoridades judiciales están incurriendo en fallas que pueden viciar de origen los procedimientos y permitir que judiciales impugnen las sentencias que deberían presentarse sin problemas. El trabajo de Isabel Miranda de Wallace y no el de la PGR fue impecable y fallas de este tipo podrían arruinar la aplicación de la justicia.

Tagle fue arraigado por 40 días por un juez federal mientras se le sigue calificando como presunto homicida, pero las cámaras de televisión ya dieron su veredicto. Es un caso parecido al que se presentó con la francesa Florence Cassez, secuestradora sentenciada a 60 años de prisión pero cuyo caso está siendo impugnado ante la Suprema Corte de Jusiticia. Los argumentos de sus abogados defensores se concentran en demostrar los vicios de origen del caso que fue transmitido en vivo por las pantallas de televisión.

Lo mismo ha sucedido con los juicios paralelos o televisivos en contra de la revista Proceso y el reportero Ricardo Ravelo, en contra de quienes el gobierno federal ha emprendido una campaña difamatoria orquestada desde Los Pinos y para ello utilizan a un medio de comunicación afín, cuando el problema de fondo es la dolosa filtración y montaje que se hace con un supuesto testigo protegido para atacar la libertad de prensa y a un medio de comunicación que durante más de 30 años ha demostrado haber cumplido con su labor periodística. Como creerle al gobierno cuando utiliza al Ministerio Público Federal para amedrentar y amenazar la libertad de expresión, de la que él mismo debería ser garante.

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"Lunes 06 de diciembre de 2010

Tiembla Calderón ante EU y WikiLeaks

En duda toda la “guerra” contra el narco

Investigan Francia y UIF a García Luna

Aun recuerdo las estridentes declaraciones de Felipe Calderón para tratar de convencerse a sí mismo de que su gobierno mantiene el control total del territorio nacional, ante la embestida del crimen organizado en contra de la población y de las fuerzas armadas.

Incluso afirmaba, apenas hace unos meses, que él podía viajar a cualquier punto del país con toda tranquilidad y no pasaba nada. Sarcástico, invitaba a sus críticos a que eligieran cualquier territorio o población y él los acompañaría para demostrarles que México seguía siendo un país muy seguro y aseguraba que las bandas del narcotráfico no tenían control sobre zona alguna.

Para todos es claro que cuando viaja Calderón lo hace bajo protección de todo el aparato militar, técnico y armado del Estado Mayor Presidencial, y antes de que él llegue, el Ejército y la Marina limpian la zona y colocan francotiradores en lo alto de edificios y casas para evitar cualquier contratiempo y darle protección al jefe de las fuerzas armadas.

El problema es para los otros 112 millones de mexicanos que no contamos con esa protección, pero a Calderón eso lo tiene sin cuidado.

Sin embargo, hace unos días, supimos por las filtraciones de información de miles de documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que los dirigentes del vecino país piensan lo mismo que la población de México: que Calderón no puede; que el Ejército tiene miedo; que bandas del narcotráfico controlan grandes zonas del territorio nacional, e inclusive el secretario de la Defensa planteó un estado de excepción en varias poblaciones del país; que Calderón fue sujeto de análisis en su comportamiento para determinar si estaba en equilibrio ante la presión a la que estaba sometido por la violencia en el país.

Supongo, que si los gringos piensa eso de Calderón y de su gobierno, esto sí le preocupará. Pero tampoco debemos esperar alguna modificación en su forma de gobernar, pues la necedad, la negligencia y la intolerancia son las premisas de este gobierno.

Cuatro años de descomposición social

Millones de mexicanos no podrán olvidar el gobierno de Felipe Calderón –que la semana pasada cumplió cuatro años– por las agresiones que han sufrido en su bienestar, en su economía, en su seguridad y por la descomposición de las estructuras social y familiar.

Como en ningún otro gobierno, incluido el de Vicente Fox, el actual realiza cambios constantes en su gabinete sin crear la menor expectativa de mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Sólo en Gobernación van cuatro secretarios; en Hacienda, dos, y muchos otros movimientos en varias dependencias que hacen difícil saber quién despacha en dónde. Pero esto ha dejado de ser noticia, da lo mismo los enroques o las renuncias o las altas en el gobierno federal.

Hace apenas unos meses, tomó posesión el nuevo director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ya se habla de que dejará el puesto para que un personero de Elba Esther Gordillo ocupe el cargo. De ocurrir esto, ¿qué habrá negociado la maestra en Los Pinos? ¿Qué le habrá pedido Calderón a la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para entregarle Pemex? Pronto lo sabremos.

Otra área sensible a las críticas es la Secretaría de Seguridad Pública, en donde despacha un policía de toda la vida, Genaro García Luna. Allí también se habla de cambios: uno, que el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, se va a Colombia como agregado de la policía, aterrado por las amenazas de muerte en su contra y para aprender cómo le hicieron los suramericanos para combatir el narcotráfico. Lo sustituiría Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Seguridad Regional.

Pero el problema mayor en ese cuerpo policial, que le ha servido a Felipe Calderón para aferrarse al poder y apoyar su lucha contra el narcotráfico y el espionaje telefónico, apenas parece venir. El motivo es que su titular, García Luna, es investigado en sus movimientos bancarios, cuentas y bienes por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda. En Francia, sucede lo mismo y es la Procuraduría de ese país la encargada a petición del presidente Nicolas Sarkozy.

El expediente abierto en la UIF es en relación con unas supuestas transferencias de dinero que habría hecho el secretario a instituciones financieras de Europa. De comprobarse esto, Francia tendría en sus manos los elementos para procesar a García Luna, quien ha causado al gobierno francés fuertes dolores de cabeza por el proceso judicial amañado en contra de su conciudadana Florence Cassez, a quien diversas organizaciones defensoras de derechos humanos ya protegen.

Fuentes financieras en México aseguran que el expediente contra el funcionario federal habría sido integrado por la UIF –que encabeza Luis Urrutia Corral– e incluiría un rastreo puntual de sus cuentas bancarias y sus operaciones financieras en México y en el extranjero.

La investigación en contra del alto funcionario del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa habría iniciado luego de que esa Unidad, encargada de combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, encontrara diversas transferencias monetarias trianguladas a instituciones bancarias europeas. De éstas, la autoridad mexicana investiga si se puede comprobar el origen lícito del dinero.

Las pesquisas en Francia serían realizadas por la procuraduría de aquel país (Ministère de la Justice et des Libertés) y por la Oficina contra los Circuitos Financieros Clandestinos (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins), del Ministère des Finances.

En busca de la opinión del secretario de Seguridad Pública sobre esta investigación en su contra, durante dos meses solicité la entrevista, pero prefirió guardar silencio. En Interpol-México (International Criminal Police Organization) rechazaron que su homóloga francesa esté por emitir alguna ficha roja en contra del funcionario mexicano y aseguran que son falsas las acusaciones en contra del secretario.

En la embajada de Francia en México ni confirmaron ni negaron la información, simplemente señalaron que no tenían nada que decir al respecto.

Encono francés

En entrevista, Charlotte Cassez –madre de la ciudadana francesa Florence Cassez Crepin, condenada a 60 años de prisión y actualmente recluida en el Centro de Readaptación Femenil Tepepan– confirma que el gobierno galo mantiene un encono político con autoridades mexicanas, particularmente con García Luna.

Señala que el presidente Nicolas Sarkozy la ha recibido en seis ocasiones para tratar lo que consideran “un montaje” del secretario de Seguridad Pública mexicano contra Florence Cassez.

“Sentimos que aquí hay un poder que nos está rebasando completamente. Hay algo a nivel de la corrupción en la que está involucrado el narcotráfico.
No sé si con el gobierno, pero sí con algunas personas relacionadas. García Luna es una persona realmente importante. En Francia, o fuera de México, oímos decir que es, incluso, más importante que Calderón”, comenta.

La madre de Cassez Crepin –esta última presa por los delitos de delincuencia organizada y secuestro– confirma que las autoridades de Francia realizan diversas investigaciones para lograr la libertad o la extradición de la joven.

“El presidente francés es alguien muy convincente, determinado y siempre ha buscado todas las relaciones posibles”, agrega Charlotte Cassez.

El caso de la ciudadana francesa presa en México, es lo que habría detonado en Europa la intensa investigación de las autoridades financieras y judiciales de Francia en contra del secretario de Seguridad Pública mexicano, de quien dicen fuentes vinculadas con la embajada, estarían pronto a dar a conocer la persecución.

Riqueza inexplicable

Las investigaciones en torno a las transferencias financieras de García Luna, llevadas a cabo por los gobiernos de México y de Francia, no son los únicos cuestionamientos respecto de la fortuna del secretario de Seguridad Pública.

El 24 de septiembre de 2010, legisladores de oposición demandaron a García Luna que transparente la fuente de financiamiento de sus propiedades, valuadas en un monto mayor al sueldo que percibe como servidor público.

De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia del gobierno federal, las percepciones brutas mensuales del titular de la SSP ascienden a 205 mil 122 pesos, integradas por su sueldo base de 32 mil 813 pesos y su compensación garantizada de 172 mil 308 pesos.

Mireille Roccatti Velázquez –investigadora del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, y especialista en el estudio del lavado de dinero– critica que al interior del gabinete presidencial falta transparencia, sobre todo en la situación patrimonial de los altos funcionarios.

Durante la comparecencia de García Luna en la Cámara de Diputados, el 24 de septiembre pasado, legisladores de oposición le exigieron publicar sus declaraciones patrimoniales. El petista Gerardo Fernández Noroña lo acusó, incluso, de “asesino” y “corrupto”.

Además, señaló que el funcionario federal está obligado a decir la procedencia de los recursos con los que actualmente sostiene el pago de una residencia de más de 20 millones de pesos.

El diputado le preguntó al secretario: “¿Cómo construye una casa de 20 millones de pesos cuando su sueldo no da para eso? Si su casa actual vale 7.5 millones de pesos, y decía, todavía el año pasado, debía 6, casi 7 millones de pesos, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De los decomisos? ¿De dónde? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado que encabeza? ¿De dónde sale todo esto?”.

García Luna, juez y parte

En esa misma comparecencia, el encargado de garantizar la seguridad pública del país se erigió como uno de los principales promotores del combate al uso de recursos de procedencia ilícita a través de unidades especiales de investigación en la SSP.

Ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el encargado de operar la Policía Federal dijo que el “circuito financiero” ha tomado relevancia en materia de combate al crimen organizado.

Sin precisar cifras, García Luna aseguró que “la Policía Federal cuenta con facultades para participar en el trabajo específico de combate al delito de lavado de dinero”, por lo que la SSP prepara “nuevos” perfiles para atender y tener alcance en el combate a este delito.

La especialista Roccatti Velázquez analiza que, en México, no existe cooperación entre las unidades de inteligencia de la Procuraduría General de la República y las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública para combatir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La investigación de las transferencias financieras del secretario de Seguridad Pública se sumaría a las indagatorias que la UIF ha iniciado este año, y que hasta septiembre ascendían a 22 mil 883 “expedientes consolidados”. Todas ellas, resultado de la detección de “operaciones inusuales y preocupantes”, indican reportes oficiales.

De las “operaciones inusuales”, la Unidad de la SHCP detectó 34 mil 445 en el mismo lapso de tiempo. Éstas se circunscriben en “actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados”. En tanto, en los resultados de las operaciones fueron reportadas 66, con la misma fecha.

oficiodepapel@yahoo.com.mx "

http://oficiodepapel.com.mx/contenido/?p=428

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"El resistirse a lo irresistible no siempre fortalece a quienes se creen irresistibles, sí, a aquell@s que ‘no mandan obedeciendo a sus mandantes’… Fideiius.

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Centro de Alerta para la Defensa de los Pueblos

Investigación, análisis, documentación y denuncias sobre la injerencia y subversión contra los pueblos de América Latina

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"Noam Chomsky*: Estados Unidos es el mayor terrorista del mundo..."

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EEUU despilfarró miles de millones de dólares del area social de Irak

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ACCESO AL AGUA POTABLE, DECLARADO DERECHO FUNDAMENTAL: TRIUNFO DE LA HUMANIDAD A INSTANCIA DE EVO MORALES, C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPúBLICA DE BOLIVIA…

http://eligio-del-awiizotl.blogspot.com/2010/07/acceso-al-agua-potable-declarado.html

Perseguido por EEUU: Camarógrafo estadounidense que filmó imágenes del 11/9 enfrenta extradición

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The Washington Post: Estados Unidos es el vergonzoso suministrador de armas al narcotráfico

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"Tres generaciones se han echado a perder por mi culpa: Rius"

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http://wikileaks.ch/

http://wikileaks.info/

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"Noam Chomsky: Los cables de WikiLeaks revelan un “profundo odio a la democracia por parte de nuestra dirigencia política”

“Debemos comprender -y los Papeles del Pentágono son otro ejemplo claro- que una de las principales razones del secreto gubernamental es proteger al gobierno contra su propia población”

http://www.correodelorinoco.gob.ve/entrevistas/noam-chomsky-cables-wikileaks-revelan-un-profundo-odio-a-democracia-por-parte-nuestra-dirigencia-politica/

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/2010-race-maps/senate/

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http://www.myspace.com/foroalicia

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Stépahne Hessel: “No estoy aquí para testimoniar sobre lo que pasó en Chile. Estoy aquí para hablar en nombre de la evolución del derecho internacional, que siempre es demasiado lenta. Para mí este juicio representa un paso adelante porque vivimos en un mundo en el que los crímenes impunes pesan sobre la conciencia internacional” (Referida por Anne Marie Mergier en “Sentencia implacable” http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/86881

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http://eligio-del-awiizotl.blogspot.com/2011/01/excelentisimo-sr-rius-muchas-gracias.html

A FREE K’