INICIATIVA MéXICO, OTRO FRAUDE

"Iniciativa México, otro fraude


Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 7 de junio (apro).- Ante un gobierno fantasmal que sólo es fuerte con los débiles y servil con los poderosos, como las acciones policiacas en beneficio de la Minera México de Germán Larrea y el desdén por los deudos de la guardería ABC, el poder mediático que liderea Televisa clama por la unidad nacional mediante la Iniciativa México: Ofrece catapultar proyectos ciudadanos, pero es una verdadera tomadura de pelo.

Anunciada con un espectacular despliegue, que convirtió el exconvento de San Hipólito del Centro Histórico de la Ciudad de México en un gran set para el anuncio que fundió a Televisa con Televisión Azteca, así como con casi todos los grupos televisivos, radiofónicos y de prensa, Iniciativa México se presenta como la vía para que proyectos colectivos e individuales obtengan respaldo económico, previa selección de un Consejo Técnico y, como en los concursos, la votación de la audiencia.

Por la relevancia de los promotores, patrocinadores y miembros del Consejo Técnico y el Consejo Consultivo de esta idea de Televisa, en la que lamentablemente se ha usado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al Instituto Politécnico Nacional (IPN), se pensaría que el fondo para premiar con financiamiento proyectos de beneficio social sería cuantioso.

La envergadura de este proyecto, que sus promotores como Emilio Azcárraga Jean comparan con las gestas de la Independencia y de la Revolución, implicaría que el gobierno federal se sonrojaría de vergüenza porque un grupo de propietarios de medios de comunicación sacrificarían parte de sus ganancias para motivar a los millones de mexicanos que trabajan de manera honesta a favor de los demás.

No es así: Detrás de la parafernalia filantrópica y la hipocresía de exhibir los antivalores representados por policías de tránsito capitalino --¡todavía los llamados tamarindos!--, vendedores ambulantes y políticos peleoneros, pero omisos en los ladrones de cuello blanco que se cuentan entre los animadores de tal iniciativa, se esconde una cifra ridícula: Seis millones de pesos.

En efecto, como en los contratos tramposos, la letra chiquita de Iniciativa México premiará sólo los cinco proyectos finalistas a criterio del Consejo Técnico y del número de votos que obtengan de los curiosos: El primer lugar recibirá dos millones de pesos y los otros cuatro un millón de pesos cada uno.

Los cinco finalistas surgirán de 20 propuestas, cuatro por categoría --calidad de vida, desarrollo comunitario, medio ambiente, justicia y derechos humanos, y buen gobierno y rendición de cuentas--, que serán difundidas a través de los medios de comunicación y programas especiales conducidos por Carlos Loret de Mola y Sergio Sarmiento, para que el público las conozca y vote por ellas.

Eso sí, proyectos que se inscriban y no sean finalistas pondrán obtener premios de consolación: Saldrán en espacios de la tele --quizá a la medianoche o en programas de farándula--, de la radio y los periódicos adherentes.

Pero si Iniciativa México es fraudulenta con estas migajas, en una visión filantrópica que es inaceptable que avalen la UNAM y el IPN, lo son también sus propios promotores, particularmente Televisa y Televisión Azteca.

Se ostentan como modelos de virtudes cívicas, pero son en realidad los más tenaces violadores de la Constitución y las leyes, como lo prueban las multimillonarias multas que les ha impuesto el Instituto Federal Electoral (IFE) por los contumaces desacatos a transmitir los mensajes institucionales y de los partidos políticos.

Activo promotor de acciones golpistas, el dueño del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, se ostentó como animador de una “alianza que recupere la esperanza” y pontificó:

“Los invito a sacar lo mejor que tenemos, lo mejor que somos y nuestros mejores sueños. Los invito hacer de lado la apatía y el cinismo para entregarnos a la tarea constructiva de un mejor país. Los invito a participar, envíen sus propuestas, ahora es cuando. Basta, basta de quejarnos de lo que no funciona y hay que pasar directamente a la acción”.

Este empresario sabe lo que dice: Su empresa televisiva ha violado sistemáticamente la ley y ha recurrido en 38 ocasiones al amparo para no pagar más de 200 millones de pesos en multas del IFE acumuladas desde 2008.

Lo mismo ocurre con Televisa, también sistemática violadora de la ley, cuyas multas no les ha sido cobradas por el IFE ni por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lo mismo puede decirse de la conducta de Televisa y Televisión Azteca como medios de comunicación: Amafiados con el poder político, al que han sometido en los años recientes, la práctica de ocultar y manipular información de interés público los ha hecho sinónimos de ignorancia y oprobio.

Análoga conducta exhiben otros adherentes de Iniciativa México, como la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y ejemplares del periodismo como los hermanos Olegario Vázquez Raña, del grupo Imagen y Excélsior, y Mario Vázquez Raña, de Organización Editorial Mexicana y cacique del olimpismo.

Salvo el rector José Narro y la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, el elenco que forma parte del Consejo Técnico y del Consejo Consultivo de Iniciativa México no sorprende. Lo único curioso es que no apareció Enrique Krauze, accionista de Televisa y asesor de Felipe Calderón.

Por lo demás, Iniciativa México no es una novedad: El 12 de enero de este año, Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, expuso la idea de este proyecto:

“Hace 200 años un grupo de mexicanos buscó la independencia y, después de mucho trabajo, la consiguió. Luego pasaron cien años más y otro grupo de mexicanos buscó la democracia y después de mucho trabajo, igual: se logró. Hoy, 100 años después, estamos en una coyuntura que hace que no nada más un grupo de mexicanos busque construir un México mejor, sino que todos los mexicanos busquemos la construcción del México que queremos, de un México mucho más grande”.

Sí, lo mismo que dice el técnico de la selección nacional, Javier Aguirre, en el promocional que inauguró Iniciativa México, tan fraudulenta como Calderón...

Apuntes

Hay indignación entre historiadores serios de México y la comunidad de Jalisco, en particular la de Lagos de Moreno, que lleva el nombre del insurgente Pedro Moreno. La razón es que Calderón lo omitió en la lista de los héroes patrios, cuyos restos fueron exhumados el domingo 30 de mayo, de la Columna de la Independencia. En ese lugar yacen los restos de Pedro Moreno, quien luchó junto con el español realista que se unió a la causa de la Independencia Francisco Xavier Mina, a quien sí se le ha honrado…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

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“¿Qué esconden?

Denise Dresser

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MÉXICO, D.F., 9 de junio.- “Me quiero imaginar que si el SAT no quiere que se difunda la lista de los beneficiados de la condonación de deudas, es porque quiere cuidar la identidad de ‘doña Luchita’, quien pidió un dinerito para abrir su fonda. O del ‘señor Juan’, quien pidió para comprar herramienta para su taller. O de la ‘señora Socorrito’, quien pidió para comprar su casa y que acaba de quedarse sin empleo. O de ‘don Sebastián’, que no ha terminado de pagar el taxi que le acaban de robar.”

Así, en tono irónico, un ciudadano –a través de una carta publicada en el periódico– retrata la situación en que se encuentra el derecho a saber en el país. Los obstáculos políticos que enfrenta. La reticencia institucional que impide su cumplimiento. Las argucias legales que son colocadas a su alrededor. Aunque el acceso a la información es un derecho consagrado por la Constitución, hay demasiados que buscan cercenarlo.

En lugar de promover la transparencia, insisten en defender la opacidad.

No hay un caso más emblemático en tiempos recientes que la pugna entre el IFAI y el SAT. El primero insiste en que los ciudadanos deben tener acceso a la lista de aquellos a quienes se les cancelaron créditos fiscales por cerca de 74 mil millones de pesos por incobrables, mientras el segundo argumenta que no es así. El primero intenta darle vida a un derecho constitucional, mientras el segundo opta por cercenarlo. Y el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se une a quienes anteponen la secrecía sobre la ayuda a la ciudadanía, cuando forma un frente común con el SAT. Cuando, con su decisión, embiste al IFAI en un intento por someter sus resoluciones. Cuando se para del lado de aquellos que, en lugar de dar plena vigencia al derecho de acceso a la información, contribuyen a su debilitamiento.

Creando así una situación surrealista en la que un mexicano puede saber cuánto recaudan las autoridades fiscales, pero no quiénes son los beneficiarios de esos recursos sin fiscalización. Un ciudadano puede saber el tamaño del presupuesto, pero no el nombre de las empresas y los empresarios premiados con exenciones y regímenes fiscales especiales. Un contribuyente puede enterarse de la cancelación de créditos fiscales, pero no puede tener acceso a la lista de los favorecidos, ni conocer la razón detrás del favor. Según el SAT, por encima de la Constitución están el secreto bancario, la protección de la identidad, la protección de los “derechos humanos”, y otros argumentos espurios que usa para retener información que debería ser del dominio público. De esa manera, el gobierno decide cúando, cómo y en qué circunstancias reconoce un derecho, en lugar de asegurar que se cumpla siempre.

Los obstáculos a la transparencia van en aumento. Los embates al acceso a la información se dan cada vez más. Allí está la PGR, promoviendo reformas al código procesal penal para evitar el escrutinio del IFAI, y resistiendo demandas para entregar la averiguación previa sobre la matanza del 2 de octubre de 1968. Allí están tantas dependencias del gobierno federal argumentando que la información solicitada es “clasificada” o “inexistente”. Allí está la Cofetel negándose a detallar su seguimiento en torno a si Telmex ha cumplido las condiciones de su concesión o no. Allí están los tribunales declarando nulas varias partes de un fallo del IFAI que ordenó hacer públicas las averiguaciones previas iniciadas contra Rosario Robles. Allí están los jueces colocando trabas para evitar que la averiguación previa que exoneró a los hijos de Marta Sahagún sea del dominio público. De lo que se trata es de entorpecer, de dificultar, de demorar.

Ese es el comportamiento cotidiano de quienes conciben la transparencia como una concesión discrecional en lugar de considerarla un derecho fundamental. De quienes la perciben como un mal necesario, y no como un ingrediente indispensable. De quienes siguen pensando que la información pública pertenece a los burócratas gubernamentales y no es propiedad de la ciudadanía. El cambio en las leyes aún no ha generado un cambio en la cultura, en las creencias, en las prácticas de un Estado acostumbrado a ignorar las demandas de la sociedad. Los ciudadanos todavía no pueden escrutar de cerca a las instituciones ni entender el impacto, el costo o el razonamiento detrás de las decisiones que los afectan.

Dice Jacqueline Peschard –presidenta del IFAI– que la transparencia es un componente fundamental de la consolidación democrática. Es imperativo que exista para obligar a quienes ejercen el poder a actuar con mayor honestidad. Para incentivar la participación de una ciudadanía informada. Para promover el interés público con base en información creíble. Para mejorar el desempeño de las instituciones gubernamentales. Para construir pesos y contrapesos. Para enseñarle a la sociedad sobre “el derecho a tener derechos”. Un documento público tiene tanta importancia democrática como una boleta electoral, y puede contribuir al cambio incluso más que un voto.

Quizás por ello la transparencia enfrenta hoy tantas resistencias. Porque hay demasiados intereses que proteger, demasiadas decisiones discrecionales que ocultar, demasiados favores personales que archivar, demasiados oligarcas que apuntalar, demasiadas prácticas autoritarias que pocos quieren modificar. En el SAT, en la PGR, en la Cofetel, en los partidos, en la Secretaría de Hacienda, en la Sedena, en las gubernaturas de los estados. Ante esas reticencias habrá que defender al IFAI, así como al mandato que lo anima. Habrá que exigir que los sujetos obligados de la transparencia cumplan con ella y exponer a quienes no lo hagan. Habrá que argumentar que el supuesto daño a la privacidad fiscal no sería mayor que el interés público por transparentar la forma en que el SAT determina la cancelación de créditos fiscales. Y habrá que seguir preguntando, una y otra vez: ¿qué esconden?”

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80178

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"MIENTRAS EN VENEZUELA SE APRUEBA LA INTERVENCIóN DE MáS DE 80 EMPRESAS DE BANQUEROS CORRUPTOS, EN MéXICO EL GOBIERNO ENCUBRE A LOS AUTORES DEL MEGAFRAUDE DE LOS SIGLOS XX y XXI, EL FOBAPROA-IPAB, “APROBANDO” EL “CONVERTIR” SUS DEUDAS PRIVADAS EN “DEUDA PúBLICA”, PARA QUE EL PUEBLO PAGUE LO QUE DICHOS CRIMINALES AúN IMPUNES ADEUDAN…"

http://eligio-del-awiizotl.blogspot.com/2010/06/mientras-en-venezuela-se-aprueba-la.html

12 y 21 hrs.
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"El resistirse a lo irresistible no siempre fortalece a quienes se creen irresistibles, sí, a aquell@s que ‘no mandan obedeciendo a sus mandantes’… Fideiius.